Los ayuntamientos de La Oliva, Antigua y Tuineje son los primeros que se han sumado al convenio de colaboración suscrito entre el Cabildo de Fuerteventura y el Colegio de Abogados de Las Palmas para la puesta en marcha de un servicio de intermediación hipotecaria que se prestará a familias con dificultades en el cumplimiento de préstamos hipotecarios. Pedro Amador, alcalde de La Oliva, Salvador Delgado, alcalde de Tuineje, y Gustavo Berriel, primer teniente alcalde de Antigua, se han acogido a este convenio suscrito entre el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, cuyo objeto está dirigido a evitar, en la medida de los posible, los procedimientos de desahucio del domicilio de núcleos familiares en situación de emergencia social.
Los tres ayuntamientos se comprometen a ofrecer a los ciudadanos, a través de los servicios sociales generales o comunitarios, colaboración en la información, valoración y documentación de las solicitudes relacionadas con este servicio de asesoramiento jurídico e intermediación bancaria.
Para el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, este convenio con el Colegio de Abogados «abre una posibilidad para que cuando los servicios sociales municipales entiendan que una familia es susceptible de recibir un apoyo de intermediación con entidades bancarias, pueda acudir al Colegio de Abogados para recibir información y asesoramiento y, si el caso lo requiere, intermediación prejudicial».
El Colegio de Abogados de Las Palmas, por su parte, se compromete a conformar y organizar un turno de profesionales para el desarrollo de dicha actividad, según recoge el convenio que se suscribirá en breve. Para acceder a este servicio, los ciudadanos deben encontrarse en alguno de los supuestos de especial vulnerabilidad conforme a la legislación sobre protección de deudores hipotecarios sin recursos, residir en alguno de los municipios de Fuerteventura que se adhieran al servicio y tener residencia habitual en su única y primera vivienda.
El Cabildo de Fuerteventura y el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria constituirán una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes de cada entidad, estableciendo reuniones trimestrales a fin de evaluar el desarrollo de los servicios.
