El director general de Trabajo comunicó en el seno del patronato de la Fundación que esta convocatoria “no atiende a la condición de lejanía e insularidad del Archipiélago canario”
El director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Miguel González, ha mostrado hoy, al igual que ya hiciera el año pasado, su desacuerdo con la Convocatoria de acciones transversales 2018 en materia de prevención de riesgos laborales. González, que lo ha puesto en conocimiento del patronato de la Fundación estatal para la prevención de Riesgos Laborales celebrado hoy en Madrid, explica que esta convocatoria, por la que se aprueban las bases reguladoras de la Fundación estatal, “no atiende a la condición de lejanía e insularidad del Archipiélago canario y por tanto se pone en desventaja a las plantillas isleñas en materia de seguridad laboral”.
El director argumenta la complejidad que representa para las entidades establecidas en las Islas, que el desarrollo de las acciones deba realizarse al menos en dos Comunidades Autónomas o dos Ciudades Autónomas.
“La exigencia de esta convocatoria -precisa- de que las actuaciones a subvencionar por la Fundación se deban desarrollar en colaboración con otras comunidades, representa un obstáculo que solo en desplazamientos encarece la actuación y le resta inversión a la acción concreta destinada a la prevención de riesgos”.
Aún a pesar de esta oposición, la convocatoria salió adelante y el Estado comunicó a Canarias la posibilidad de alcanzar acuerdos en convocatorias futuras e incluso variar el modelo de Fundación.
La contestación que ya dio la Fundación el pasado año a raíz del informe de la abogacía del Estado, fue que “no se configura como un hecho excluyente que impida a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo de las mismas y, en lógica consecuencia, no se produce un hecho diferencial que pudiera justificar el establecimiento de una excepción, excepción que en todo caso no podría establecerse en la misma convocatoria”.
Estas subvenciones tienen por objeto la realización de acciones de carácter transversal que podrán ser de asistencia técnica e información y promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
El texto propuesto por el Gobierno de Canarias, es que se plantee una excepción para Canarias en cuanto al desarrollo de las acciones. En este sentido han propuesta esta redacción que ha sido rechazada por la Fundación sería que “las acciones deberán desarrollarse en el ámbito territorial de, al menos, dos Comunidades Autónomas o dos Ciudades Autónomas, salvo en la Comunidad Autónoma de Canarias que, dado su singularidad estructural de lejanía e insularidad, se podrá desarrollar sólo en su comunidad”
