La petición a España, la ONU, la UE y Marruecos para que respeten la legalidad internacional, entre los puntos de la moción que se someterá a aprobación el viernes
El respaldo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui será sometido a aprobación en el próximo pleno insular, previsto para este viernes en el Cabildo de Gran Canaria, debido a la preocupante situación que atraviesa este pueblo, informó el consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez.
En la propuesta se recuerda que, el año en que la ONU celebra su 71 aniversario, ya han pasado 55 años desde la declaración de la independencia de los países y pueblos coloniales y han transcurrido 41 años, “desde el abandono, por parte de España, del Sáhara Occidental, que ahora es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, y sometido a una ocupación ilegal por parte de Marruecos”, agregó.
La RASD es miembro de la Unión Africana y está reconocida por varios países y la situación en la zona se ha agravado desde el mes de agosto, cuando una unidad militar marroquí atravesó el muro en la zona de El Guergarat, al sur del Sahara Occidental, vulnerando el alto el fuego y provocando que el Frente Polisario y el ejército mauritano hayan desplegado, en la misma zona, unidades militares que han provocado una situación de máxima tensión.
En estos momentos, existe una gran preocupación por la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, que se constatado en las resoluciones e informes del Relator de la ONU contra la Tortura y en las denuncias de las delegaciones de observadores internacionales que han visitado la zona.
“Esta situación ha creado un clima de represión y de intimidación en la población saharaui, que sufre todo tipo de vulneraciones en sus derechos políticos, sociales y económicos. Las torturas, las detenciones ilegales, los juicios sin garantía, las condenas injustas, la prohibición de la presencia de observadores de Derechos Humanos en el territorio está creando un clima de violencia que sólo consigue agravar la situación”, subrayó Ramírez.
Especialmente grave ha sido el juicio militar contra 25 activistas saharauis del campamento de Gdaym-Izik, que han recibido condenas perpetuas y penas de 20, 25 y 30años de prisión, con la vulneración de las mínimas garantías procesales de los detenidos, denuncias de torturas y de ausencia de pruebas, como han informado los observadores internacionales presentes en el juicio.
Por todo ello, la moción del grupo de gobierno propone:
1- Reiterar el apoyo al derecho que tiene reconocido el pueblo saharaui a la autodeterminación y a ejercitarlo a través de un referéndum libre, democrático, tal como reconoce el Derecho Internacional y las reiteradas resoluciones de la ONU.
2- Manifestar la denuncia de la violación de los Derechos Humanos, en los territorios ocupados, sobre la población civil saharaui del Sáhara Occidental, y solicitar el cese inmediato de la represión, la libertad de todos los presos políticos saharauis defensores de los Derechos Humanos, el fin del expolio de los recursos naturales y el libre acceso de observadores internacionales.
3-Seguir apoyando los proyectos de ayuda humanitaria destinados a paliar las graves carencias de productos básicos en los campamentos de refugiados, en alimentación, salud, educación, ropa, calzado y servicios básicos, que se han agravado con las inundaciones que han destruido el Campamento de Dajla.
4-Solicitar al Gobierno de España que reconozca al Frente Polisario como representante legítimo del Pueblo Saharaui, tal como lo considera la ONU, y facilitar a sus representantes el mismo status diplomático que tiene la misión diplomática palestina en España para facilitar iniciativas políticas y humanitarias destinadas a atender a las necesidades del pueblo saharaui.
5-Pedir que el Gobierno español mantenga una postura mucho más activa, como antigua potencia colonial y administradora del territorio; la defensa de las resoluciones de la ONU para la celebración del Referéndum de Autodeterminación; el respeto a los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental; el fin del expolio de los recursos naturales y pedir a la ONU, a la UE y al Gobierno de Marruecos que cumplan con la legalidad internacional.
